El Ministerio de Salud impulsa un proyecto de resolución que introduce en el derecho alimentario colombiano un sello completamente nuevo: ULTRAPROCESADO. Este documento sostiene, con respaldo en fuentes primarias verificables y reproducibles, que la norma propuesta no constituye política de salud pública en sentido estricto, sino la adopción literal del diseño de una ONG con agenda política declarada, en exceso de las facultades legales otorgadas por el Congreso, y con efectos económicos regresivos sobre las empresas colombianas. Sus hallazgos centrales son cinco.
Colombia se encamina a ser el primer país en castigar el procesamiento por encima del valor nutricional, una decisión que amenaza con expulsar del mercado al 95% de los fabricantes locales, compuestos principalmente por microempresas. Es una lectura esencial para entender el conflicto entre la regulación basada en riesgos y la intervención estatal con fines ideológicos.